El pasado 21 de noviembre acabaron en Turín las vistas de un macrojuicio, en relación al mayor desastre industrial de nuestra época, denominado “el juicio del siglo”. Quedó visto para sentencia, que tendrá lugar el próximo 13 de febrero. Como se habrá podido sospechar, es el juicio del amianto contra Stephan Schmidheiny, presidente de AVINA, y de otro inculpado.
Dada la magnitud del crimen, se podría invocar ante los tribunales contra Schmidheiny la presunción de delitos contra la humanidad o de genocidio. De acuerdo con el estatuto de la Corte penal Internacional, los crímenes contra la humanidad se refieren a “actos inhumanos que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física’…”. Y el delito de genocidio hace referencia al “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”, según la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio [1] .
No ha sido todavía el caso. En el juicio de Turín el fiscal le acusa de desastre ambiental doloso (intencionado) permanente y omisión de las medidas de seguridad en el trabajo, siendo los demandantes unas seis mil personas entre fallecidas y afectadas, por lo que ha pedido 20 años de cárcel para cada uno de los dos imputados y cinco mil millones de euros de indemnizaciones. Pero en sus conclusiones finales, el fiscal ha declarado que se trata de “un desastre inmenso y terrible”, y ha añadido que “ volví a leer las sentencias del Tribunal Supremo en los casos más graves de desastres y muertes y me di cuenta de que no había nada comparable con el desastre que se revive en el curso de este juicio”.
Como se ve las acusaciones se van aproximando a aquellas de genocidio, si tenemos en cuenta que esta familia Schmidheiny fue durante casi todo el siglo XX una de las más poderosas en este negocio del amianto y que para su prosperidad tuvo que colaborar con el régimen nazi y el apartheid sudafricano, amén de con muchas de las dictaduras latinoamericanas, incluida la española.
Coinciden en esto las asociaciones defensoras de las víctimas que han declarado, a raíz de las conclusiones finales del fiscal, que durante el proceso se ha visto que los imputados han actuado de forma fría y sistemática: no sólo sabían que estaban sometiendo a los trabajadores y a los ciudadanos a un riesgo gravísimo, sino que actuaban de forma calculada para negar los riesgos y garantizar la continuidad del uso de un material tan altamente nocivo y cancerígeno como el amianto. [2]
Como el presunto genocida lo sabe, antes de que se dicte la sentencia ha tenido dos actuaciones extrajudiciales de enorme trascendencia. La primera se conoció en el juicio, el pasado verano: el propio fiscal había sido “espionado” y se supo que el magnate, entre 2001 y 2005 había pagado un millón de euros a la agencia MS&L Bellodi de Milán para que organizase una red de informadores capaces de manipular información sobre el amianto. E igualmente, un periodista pagado por Bellodi había estado durante 16 años participando activamente en la asociación de víctimas de Casale Monferrato.
La segunda se acaba de descubrir. Al finalizar el juicio, el pasado 21 de noviembre, se ha sabido que Schmidheiny ha ofrecido 20 millones de euros al Ayuntamiento de Casale a cambio de que se retire de este proceso y de los próximos en los que pudiera estar implicado.
Casale Monferrato es un pueblo de la región de Turín con unos 37.000 habitantes. Allí se instaló en 1906 una fábrica de amianto cemento que ha permanecido hasta su cierre en 1986. Desde 1973 la familia Schmidheiny es la accionista mayoritaria en la empresa Eternit de Casale y desde poco después Stephan es presidente del grupo de amianto Eternit, en todo el mundo. En el juicio se ha podido saber de forma fehaciente, por las declaraciones, entre otros, del ex directivo de Eternit Silvano Benitti, que 60 lugares en todo el mundo seguían las instrucciones dadas desde Suiza, sede del holding del amianto, dirigido por el inculpado Stephan Schmidheiny. En Casale, después de 25 años de cerrada la fábrica, muere una persona cada semana víctima del amianto.
Pero la ciudad de Casale ha dicho ¡no! al ofrecimiento del inculpado. El alcalde ha declarado que propuestas de esta índole no pueden ser de ninguna manera consideradas y que sería intolerable, en la ciudad símbolo de la lucha mundial contra el amianto, ciudad mártir con más de 1800 víctimas entre trabajadores y ciudadanos, transformar el sufrimiento en una fuente de ingresos. De hecho el abandono del proceso significaría la renuncia de la institución más significativa para seguir exigiendo justicia, habida cuenta de que va a perdurar este exterminio tan dramático, como prueba la calificación del fiscal del delito como “ desastre ambiental doloso (intencionado) permanente”. Y es que no solo parte de la fábrica sigue en pié, no ha podido ser desamiantada, sino que era práctica de la empresa (como lo ha sido por parte de Uralita en Cerdanyola y en Getafe, por ejemplo) la de regalar los restos de la fabricación a los vecinos con los que “asfaltaban” calles y patios y se fabricaban objeto de uso cotidiano. El polvo de amianto sigue por todas partes, veinticinco años después, causando sus efectos letales.

La Asociación de víctimas y los sindicatos que luchan en Casale han declarado que “ las indemnizaciones son importantes y nos son debidas, y aunque seamos conscientes de la dificultad para obtenerlas, en primer lugar debe estar la Justicia. Nada impide al Sr. Schmidheiny de hacer ofrecimientos “filantrópicos” sin pedir nada a cambio”.
La ley del mundo, “ la sangre que solo hace sangre” ha sido quebrada con un ¡no¡ rotundo.
¿Por qué siendo cerca de 6 mil los personados en el juicio de Turín contra Schmidheiny, éste solo se ha dirigido a uno de ellos para pagarle su silencio ahora y de por vida? A decir verdad se ha dirigido por lo menos a dos; el otro ha sido el Alcalde de otra ciudad afectada y cercana Cavagnolo, de 2.500 habitantes, que éste sí ha aceptado la oferta. Casale Monferrato de 37.000 habitantes no lo ha hecho.
La explicación posible es que pudiendo comprar al actor más cualificado en el juicio y en las futuras demandas (se prepara ya un Eternit-bis, o segundo juicio contra el magnate), se rompe la unidad que durante 25 años ha mantenido el ayuntamiento con las asociaciones de afectados y sindicatos, que tan buenos resultados les está dando.
Schidheiny es un especialista en romper resistencias. A través de su fundación sedicente filantrópica denominada AVINA, se ha dedicado, so capa de capitalismo verde, a penetrar a los movimientos sociales de resistencia de España y Latinoamérica. Hay que decir que está teniendo un gran éxito y que apenas ahora, 17 años desde su fundación, empieza a encontrar serias resistencias internas, no sin provocar conflictos y malos entendidos por doquier. Ha querido extrapolar el método, que tan buen resultado le está dando con los movimientos sociales, a las víctimas del amianto, pero le va a resultar más difícil, habida cuenta de la indignación en que éstas se encuentran sumidas. A quien le quepan dudas puede ilustrarse viendo el reciente documental sobre amianto pasado por la TV2, y cuyo enlace facilito:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-trama-del-amianto/1259259/
Mucha gente que está en la lucha del amianto en el mundo, se ha unido a este gesto de resistencia y ha expresado lo que todos sentimos en estos casos. Fernanda Giannisi, una luchadora brasileña histórica, sometida a amenazas de muerte, a querellas y a marginación en su trabajo como inspectora pública de salud laboral, lo ha expresado por todos. Ha felicitado a los compañeros de Casale Monferrato diciéndoles:
“Bravísimo, querido Bruno... La justicia debe estar antes que cualquier oferta económica… La vida no tiene precio. Extiende la felicitación a todo Casale por esta brava decisión que repercutirá en todo el mundo. Un abrazo y mi reconocimiento a toda la gente de Casale, en especial a la querida Romana”.
Con Casale, Romana Blasotti es el símbolo de la resistencia en el mundo contra Schmidheiny y contra los crímenes con amianto. A sus 83 años preside la Asociación de Víctimas de Casale ( AFEVA), con toda la indignación y toda la legitimidad moral que le concede el haber perdido a 5 de sus familiares en los últimos 25 años, todos ellos víctimas del amianto de Schmidheiny, alguno de los cuales ni siquiera había trabajado en Eternit.
 Paco Puche