CGT HONEYWELL

Esta semana escuchamos la lucha de las personas afectadas por el amianto para concienciar a la sociedad. La mayoría de trabajadores que han convivido con el amianto, hoy están enfermos de avestosis o cáncer, otros ya han fallecido y ahora son sus familiares los que reclaman justicia por ellos. Saben que en la calle todavía hay mucho amianto y son muchos los trabajadores que lo manipulan a diario sin ser conscientes del riesgo que supone para su salud. Asistimos a un asamblea dónde se informa de cómo ha ido el juicio en el que 40 antiguos trabajadores de la multinacional Uralita han demandado a la empresa. 17 de estas personas ya han fallecido.                  

 
                   

                       
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• > En primera persona - Afectados por el amianto - 12/02/12

               

El pasado 21 de noviembre acabaron en Turín las vistas de un macrojuicio, en relación al mayor desastre industrial de nuestra época, denominado “el juicio del siglo”. Quedó visto para sentencia, que tendrá lugar el próximo 13 de febrero. Como se habrá podido sospechar, es el juicio del amianto contra Stephan Schmidheiny, presidente de AVINA, y de otro inculpado.
Dada la magnitud del crimen, se podría invocar ante los tribunales contra Schmidheiny la presunción de delitos contra la humanidad o de genocidio. De acuerdo con el estatuto de la Corte penal Internacional, los crímenes contra la humanidad se refieren a “actos inhumanos que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física’…”. Y el delito de genocidio hace referencia al “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”, según la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio [1] .
No ha sido todavía el caso. En el juicio de Turín el fiscal le acusa de desastre ambiental doloso (intencionado) permanente y omisión de las medidas de seguridad en el trabajo, siendo los demandantes unas seis mil personas entre fallecidas y afectadas, por lo que ha pedido 20 años de cárcel para cada uno de los dos imputados y cinco mil millones de euros de indemnizaciones. Pero en sus conclusiones finales, el fiscal ha declarado que se trata de “un desastre inmenso y terrible”, y ha añadido que “ volví a leer las sentencias del Tribunal Supremo en los casos más graves de desastres y muertes y me di cuenta de que no había nada comparable con el desastre que se revive en el curso de este juicio”.
Como se ve las acusaciones se van aproximando a aquellas de genocidio, si tenemos en cuenta que esta familia Schmidheiny fue durante casi todo el siglo XX una de las más poderosas en este negocio del amianto y que para su prosperidad tuvo que colaborar con el régimen nazi y el apartheid sudafricano, amén de con muchas de las dictaduras latinoamericanas, incluida la española.
Coinciden en esto las asociaciones defensoras de las víctimas que han declarado, a raíz de las conclusiones finales del fiscal, que durante el proceso se ha visto que los imputados han actuado de forma fría y sistemática: no sólo sabían que estaban sometiendo a los trabajadores y a los ciudadanos a un riesgo gravísimo, sino que actuaban de forma calculada para negar los riesgos y garantizar la continuidad del uso de un material tan altamente nocivo y cancerígeno como el amianto. [2]
Como el presunto genocida lo sabe, antes de que se dicte la sentencia ha tenido dos actuaciones extrajudiciales de enorme trascendencia. La primera se conoció en el juicio, el pasado verano: el propio fiscal había sido “espionado” y se supo que el magnate, entre 2001 y 2005 había pagado un millón de euros a la agencia MS&L Bellodi de Milán para que organizase una red de informadores capaces de manipular información sobre el amianto. E igualmente, un periodista pagado por Bellodi había estado durante 16 años participando activamente en la asociación de víctimas de Casale Monferrato.
La segunda se acaba de descubrir. Al finalizar el juicio, el pasado 21 de noviembre, se ha sabido que Schmidheiny ha ofrecido 20 millones de euros al Ayuntamiento de Casale a cambio de que se retire de este proceso y de los próximos en los que pudiera estar implicado.
Casale Monferrato es un pueblo de la región de Turín con unos 37.000 habitantes. Allí se instaló en 1906 una fábrica de amianto cemento que ha permanecido hasta su cierre en 1986. Desde 1973 la familia Schmidheiny es la accionista mayoritaria en la empresa Eternit de Casale y desde poco después Stephan es presidente del grupo de amianto Eternit, en todo el mundo. En el juicio se ha podido saber de forma fehaciente, por las declaraciones, entre otros, del ex directivo de Eternit Silvano Benitti, que 60 lugares en todo el mundo seguían las instrucciones dadas desde Suiza, sede del holding del amianto, dirigido por el inculpado Stephan Schmidheiny. En Casale, después de 25 años de cerrada la fábrica, muere una persona cada semana víctima del amianto.
Pero la ciudad de Casale ha dicho ¡no! al ofrecimiento del inculpado. El alcalde ha declarado que propuestas de esta índole no pueden ser de ninguna manera consideradas y que sería intolerable, en la ciudad símbolo de la lucha mundial contra el amianto, ciudad mártir con más de 1800 víctimas entre trabajadores y ciudadanos, transformar el sufrimiento en una fuente de ingresos. De hecho el abandono del proceso significaría la renuncia de la institución más significativa para seguir exigiendo justicia, habida cuenta de que va a perdurar este exterminio tan dramático, como prueba la calificación del fiscal del delito como “ desastre ambiental doloso (intencionado) permanente”. Y es que no solo parte de la fábrica sigue en pié, no ha podido ser desamiantada, sino que era práctica de la empresa (como lo ha sido por parte de Uralita en Cerdanyola y en Getafe, por ejemplo) la de regalar los restos de la fabricación a los vecinos con los que “asfaltaban” calles y patios y se fabricaban objeto de uso cotidiano. El polvo de amianto sigue por todas partes, veinticinco años después, causando sus efectos letales.

La Asociación de víctimas y los sindicatos que luchan en Casale han declarado que “ las indemnizaciones son importantes y nos son debidas, y aunque seamos conscientes de la dificultad para obtenerlas, en primer lugar debe estar la Justicia. Nada impide al Sr. Schmidheiny de hacer ofrecimientos “filantrópicos” sin pedir nada a cambio”.
La ley del mundo, “ la sangre que solo hace sangre” ha sido quebrada con un ¡no¡ rotundo.
¿Por qué siendo cerca de 6 mil los personados en el juicio de Turín contra Schmidheiny, éste solo se ha dirigido a uno de ellos para pagarle su silencio ahora y de por vida? A decir verdad se ha dirigido por lo menos a dos; el otro ha sido el Alcalde de otra ciudad afectada y cercana Cavagnolo, de 2.500 habitantes, que éste sí ha aceptado la oferta. Casale Monferrato de 37.000 habitantes no lo ha hecho.
La explicación posible es que pudiendo comprar al actor más cualificado en el juicio y en las futuras demandas (se prepara ya un Eternit-bis, o segundo juicio contra el magnate), se rompe la unidad que durante 25 años ha mantenido el ayuntamiento con las asociaciones de afectados y sindicatos, que tan buenos resultados les está dando.
Schidheiny es un especialista en romper resistencias. A través de su fundación sedicente filantrópica denominada AVINA, se ha dedicado, so capa de capitalismo verde, a penetrar a los movimientos sociales de resistencia de España y Latinoamérica. Hay que decir que está teniendo un gran éxito y que apenas ahora, 17 años desde su fundación, empieza a encontrar serias resistencias internas, no sin provocar conflictos y malos entendidos por doquier. Ha querido extrapolar el método, que tan buen resultado le está dando con los movimientos sociales, a las víctimas del amianto, pero le va a resultar más difícil, habida cuenta de la indignación en que éstas se encuentran sumidas. A quien le quepan dudas puede ilustrarse viendo el reciente documental sobre amianto pasado por la TV2, y cuyo enlace facilito:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-trama-del-amianto/1259259/
Mucha gente que está en la lucha del amianto en el mundo, se ha unido a este gesto de resistencia y ha expresado lo que todos sentimos en estos casos. Fernanda Giannisi, una luchadora brasileña histórica, sometida a amenazas de muerte, a querellas y a marginación en su trabajo como inspectora pública de salud laboral, lo ha expresado por todos. Ha felicitado a los compañeros de Casale Monferrato diciéndoles:
“Bravísimo, querido Bruno... La justicia debe estar antes que cualquier oferta económica… La vida no tiene precio. Extiende la felicitación a todo Casale por esta brava decisión que repercutirá en todo el mundo. Un abrazo y mi reconocimiento a toda la gente de Casale, en especial a la querida Romana”.
Con Casale, Romana Blasotti es el símbolo de la resistencia en el mundo contra Schmidheiny y contra los crímenes con amianto. A sus 83 años preside la Asociación de Víctimas de Casale ( AFEVA), con toda la indignación y toda la legitimidad moral que le concede el haber perdido a 5 de sus familiares en los últimos 25 años, todos ellos víctimas del amianto de Schmidheiny, alguno de los cuales ni siquiera había trabajado en Eternit.
 Paco Puche

Sindicatos, empresarios y gobierno trabajan en una primera lista de profesiones que podrían acogerse a los coeficientes reductores en la edad de jubilación para los oficios de más riesgo.

El real decreto que regulará el procedimiento para que las profesiones de más riesgo puedan contemplar una edad de jubilación más temprana está ya listo y a punto de aprobarse. Según fuentes conocedoras del texto, su aprobación podría producirse el 18 de noviembre, el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales.

El texto cumple con lo pactado por el gobierno y los agentes sociales en el acuerdo sobre pensiones en 2006: establecer un procedimiento claro y único por el que distintos colectivos sometidos a condiciones laborales peligrosas, tóxicas, insalubres o de difícil realización puedan ver sometida a estudio, y en su caso aprobada, su petición para que se reduzca la edad de jubilación.

Hasta ahora, sólo un puñado de colectivos cuenta con coeficientes reductores de la edad de jubilación o edades mínimas más bajas para acceder a la pensión, entre ellos los mineros, el personal de vuelo, los ertzainas o los bomberos al servicio de administraciones u organismos públicos. Con el texto que está ahora pendiente de aprobación, todo colectivo que crea merecer también este tipo de medidas podrá acogerse a un procedimiento cierto y reglado para que se analice su caso.

Procedimiento El texto establece que se pueda iniciar el estudio bien de oficio por la Seguridad Social, bien a petición de sindicatos, empresarios o asociaciones de autónomos (las empresas y los trabajadores individualmente considerados no podrán solicitar el análisis).
Se abrirá entonces un periodo de petición de documentación y estudios, abierto a alegaciones por los agentes sociales, que deberá concluir con una decisión por parte del gobierno en un periodo máximo de seis meses. Cuando sea posible evitar los efectos nocivos de la profesión mediante cambios en las condiciones de trabajo, habrá que optar por esta vía. En caso de que esto no sea posible, podrán establecerse coeficientes reductores en la edad de jubilación, o bien fijar una edad mínima de acceso a la pensión. Con la luz verde ya de la Seguridad Social para establecer coeficientes o fijar edades mínimas de acceso a la pensión para un colectivo determinado, el ministerio de Trabajo será el que entre en el detalle de qué ocupaciones en concreto gozarán de coeficientes reductores. En todo caso, para que los trabajadores puedan aplicárselos tendrán que haber desempeñado un trabajo efectivo en esas actividades peligrosas durante un tiempo equivalente al periodo mínimo de cotización necesario para acceder a pensión de jubilación (nunca, en todo caso, más de 15 años).

Por último, y para que el sistema no pierda dinero, cuando se establezan coeficientes reductores se impodrá también una cotización mayor a las actividades así beneficiadas. Es decir, los trabajadores podrán jubilarse antes, pero durante su vida laboral habrá que cotizar más para ello. Este aumento de la cotización lo compartirán la empresa y los trabajadores.
Lista de actividades Además de la regulación del procedimiento, gobierno, sindicatos y empresarios trabajan ya en una primera lista de profesiones peligrosas que podrían ser sometidas a estudio para analizar si se les aplican coeficientes reductores. Según fuentes conocedoras del proceso, todavía no hay acuerdo en este campo, porque el ejecutivo propone una lista inicial de 12 ocupaciones, mientras que los sindicatos quieren que sean más. Entre las profesiones que se están barajando como de estudio inmediato están, entre otros, la construcción de puentes y túneles, el corte y tallado de piedra o las obras hidráulicas. Estas mismas fuentes señalan que, por las discrepancias en el número de profesiones a estudiar en primer lugar, es muy probable que esa lista no sea aprobada en el mismo Consejo de Ministros que regule el procedimiento, sino que tarde más.

Vía: Cadena Ser

Nathalie Arthaud

http://www.lutte-ouvriere.org

Imagenes de la movilización contra el cierre de la fábrica de Condé-sur-Noireau.

Más de 600 personas, empleados, así como elegido Condé sector y los pensionistas, estaban a la puerta de la prefectura de Caen, donde esta tarde celebró una mesa redonda sobre el futuro de los negocios de Honeywell Condé-sur-Noireau. El miércoles pasado, el grupo de EE.UU. anunció el cierre del sitio en junio de 2013 con el despido de 323 personas. Durante la mesa redonda de las propuestas, para desarrollar el sitio o la propiedad de soluciones se hicieron de nuevo a los representantes de la planta. Un grupo de trabajo se reunirá mañana para avanzar en esta dirección. Lado de la empresa, "no ha habido propuestas concretas sino promesas", dijo François Serizay, Director de Asuntos Sociales de Honeywell. Un comité de empresa, que se celebrará mañana por la mañana en el Conde de iniciar el procedimiento de un plan para proteger el empleo. Los funcionarios electos y los sindicatos han pedido su suspensión.
Diario digital: Ouest France
Nota: esta noticia ha sido traducida literalmente desde el traductor de El Mundo.