En las últimas semanas, las empresas del sector del auto han comenzado a solicitar Expedientes de Regulación de Empleo, tanto de extinción como de suspensión, con la excusa de la “bajada de ventas” en dicho sector. Esta evolución a la baja de las ventas en el sector del automóvil viene como consecuencia de las turbulencias financieras vividas con las hipotecas “suprime” de los Estados Unidos, que han supuesto la ruptura de la confianza de las entidades financieras, colapsando el sistema de crédito e influyendo de manera exponencial en el descenso de la financiación y del consumo.
Las cada vez peores condiciones de empleo con sueldos por debajo de una renta aceptable en el mercado actual, sumadas al incremento del Euribor europeo, han llevado a grandes capas de la población al paro o a retener el consumo en cuanto se han producido las primeras alarmas de crisis económica.

Sin embargo, los culpables de esta situación, banqueros, empresarios y multinacionales, tienen a buen recaudo el botín conseguido en los últimos años y encima tienen el cinismo de pedir que sus tropelías las paguemos los demás. Las empresas del auto han aplicado en amplias zonas del planeta la política de abaratamiento de las condiciones salariales y el aumento de productividad sin límite. Estas acciones han significado aumentos de las capacidades productivas que han eliminado la necesidad de contratación, impidiendo que miles de personas tuvieran trabajo y salario. Quienes han accedido a uno de esos puestos de trabajo lo ha hecho con dobles escalas salariales por debajo de ochocientos euros mensuales para los recién ingresados.
De esta manera, la acumulación de capitales en manos de las multinacionales ha llegado a números escandalosos. Estos beneficios, lejos de ser repartidos entre la sociedad o invertidos en mejoras productivas que aumentaran la capacidad estructural y un mayor valor añadido, tanto en el producto como en el proceso, como en mejores condiciones laborales para los trabajadores, se han llevado a la especulación financiera y al reparto de dividendos, generándose una pérdida del motor económico para el futuro de las empresas y sus empleados.

Ahora, cuando explotan las consecuencias de las políticas ultra-capitalistas que han desarrollado las empresas, mostrándose como máximos exponentes de este fenómeno las multinacionales del automóvil, acuden a pedir ayuda a los gobiernos, y por tanto al erario público, para que entre todos, paguemos con “la bolsa” del desempleo miles de trabajadores y, por consiguiente, nuestras respectivas familias.

Las ayudas oficiales de las que se han visto beneficiadas las empresas del auto en los últimos decenios son cuantiosas. En todas estas ayudas no ha habido nunca una posición de control y de contrapartida por parte de las administraciones, tanto central como autonómicas, sobre los movimientos industriales, especulativos y financieros de las empresas.

Curioso cambio

En este sentido, resulta de lo más curioso el súbito cambio de tendencia en los capitalistas, que dicen padecer la crisis, pidiendo la intervención de los gobiernos de los estados “para solucionar el desaguisado generado por la avaricia de unos pocos”, cuando hasta hace poco se argumentaba que el mercado no debía tener barreras; de ahí la desregulación laboral y la flexibilización y empobrecimiento de las condiciones laborales de las plantillas, en aras del dios mercado.

Las políticas industriales de las multinacionales, centradas en la obtención de beneficios por medio del ahorro y abaratamiento del coste de la mano de obra, no han buscado tecnologías de futuro con un mayor valor añadido. En este sentido, la capacidad de mantener en el futuro una industria del automóvil y todo su sector auxiliar pasa por acometer la investigación y diseño de vehículos ecológicos con motorizaciones libres de los derivados del petróleo, verdadero problema no sólo para la economía general sino para el conjunto de la industria automotriz y, por supuesto, para el conjunto del planeta.

La FESIM-CGT, conjuntamente con la Coordinadora del Auto de la Confederación, hemos presentado a las Administraciones, ante ANFAC y las empresas, una propuesta-exigencia clara de investigación y desarrollo inmediato de tecnologías libres de petróleo. Lo lamentable de este asunto es que ni las empresas, ni la Administración, ni los demás sindicatos “mayoritarios” hayan planteado una decidida apuesta política e industrial para conseguir tal objetivo. Algo que permitiría por una parte la reducción del impacto ambiental de la industria automovilística y por otra asegurar el empleo para el futuro.

Pero, sobre todo, quienes nos han asegurado que el único futuro posible pasaba por sus recetas capitalistas (neoliberalismo le llaman ahora), y que han tenido escandalosos beneficios en los últimos años, no pueden venirnos con el cuento de que les paguemos sus fracasos.

Ellos han llevado a la economía a esta situación. Ellos, con las bajadas de salario, los aumentos de producción y productividad y la sobre-explotación de las personas y el planeta. Por eso decimos muy claro, desde la Federación de Sindicatos del Metal de la Confederación General del Trabajo, que la crisis la paguen los ricos, en este caso las multinacionales, rebajando los ritmos de trabajo, reduciendo la jornada y formando a las plantillas en seguridad y salud y otros temas, antes de que lleguen los días que, como consecuencia de sus decisiones, no haya trabajo y su alternativa sea un Expediente de Regulación de Empleo o perjudicar las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras hipotecando su tiempo.